La fuga de 41 detenidos de un Centro de Traslado por Protección y los cuestionamientos por la respuesta institucional provocaron un anuncio de cambios en el mando de la Policía Metropolitana de Santa Marta. El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, informó que el coronel Yeison López será llamado a calificar servicios, al atribuirle responsabilidad por estos hechos y por la actuación frente al bloqueo de la vía Santa Marta–Barranquilla, a la altura de Tasajera.
El mandatario dio a conocer la decisión mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X, en la que cuestionó la gestión del oficial por la fuga de personas detenidas por presuntos delitos de hurto, microtráfico y otras conductas, así como por no haber informado oportunamente sobre lo ocurrido ni adoptado, según señaló, las medidas correspondientes frente a la alteración de la movilidad.
“No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida”, expresó el jefe de Estado.
De acuerdo con el anuncio presidencial, el coronel Urriago, quien se desempeña como segundo al mando, asumirá temporalmente la comandancia de la Policía Metropolitana de Santa Marta. El presidente también anunció que el coronel Jimmy Belalcázar llegará esta semana para asumir la dirección de la unidad policial.
La decisión tiene especial relevancia por la reciente designación del coronel Jeyson Haird López Puerto como comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta. El oficial había ejercido como subcomandante de la Policía Metropolitana de Popayán, antes de asumir su nuevo cargo en el departamento del Magdalena.
Frente a la fuga de los 41 detenidos, el presidente pidió tranquilidad a la ciudadanía y aseguró que, según la información expuesta en su publicación, no se trata de personas consideradas de alta peligrosidad. También afirmó que se están desplegando las capacidades institucionales para ubicarlas y lograr su recaptura.
El anuncio presidencial pone en el centro de la discusión la responsabilidad del mando policial frente a la custodia de los detenidos, el reporte oportuno de situaciones críticas y la atención de alteraciones del orden público.
Por ahora, las responsabilidades mencionadas corresponden a los señalamientos expuestos por el presidente en su pronunciamiento público. La ejecución formal del llamado a calificar servicios y los detalles de las actuaciones administrativas deberán establecerse a partir de las comunicaciones oficiales correspondientes.
